¿Qué pasó en Tanhuato? ¿Por qué tantas preguntas sin respuesta?

Ciudad de México.- La obligación del Estado mexicano, que se rige por la Constitución y que se integra por el Poder Legislativo –que está para hacer las leyes–, el Poder Ejecutivo –que está para aplicarlas– y el Poder Judicial –que está para impartir justicia–, es respetar y hacer cumplir las garantías individuales y sociales a las que tienen derecho todos y cada uno de los mexicanos, sin distinción de raza, edad, sexo, nivel económico o religión.

Sin embargo, a la luz de una cruenta realidad de violencia, corrupción e impunidad, los mexicanos entendemos a la perfección por qué el Estado y las instituciones que lo componen está de capa caída.

El caso de Tanhuato, Michoacán, el pasado 22 de mayo, un supuesto enfrentamiento entre elementos de la Policía Federal (PF) contra supuestos criminales, que dejó al menos 42 hombres muertos –aunque el número está en entredicho por los familiares de la víctima, quienes aseguran fueron más de 50–, revela que algo no está bien con un Estado que no responde a las necesidades de información ni a las exigencias de los ciudadanos para transparentar la actuación de las autoridades en todos sus niveles.

Este lunes, la periodista Sanjuana Martínez publica en SinEmbargo la primera de tres entregas que rescatan el antes, durante y después de aquel viernes sangriento en el "Rancho del Sol", donde al menos 42 jóvenes –a los que las autoridades, de inmediato, identificaron como miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)–, perdieron la vida en condiciones nada claras y que, de acuerdo con decenas de testimonios de sus familias, la mayoría del poblado de Ocotlán, Jalisco, fueron torturados por los federales de manera cruel e innecesaria.

La ferocidad del ataque de los elementos de la PF contra los supuestos jornaleros del rancho respondió, de acuerdo con la versión oficial de Enrique Galindo Ceballos, Comisionado de la PF, a las denuncias de habitantes ante la Procuraduría General de la República (PGR)  de que un grupo criminal había invadido el predio –conocido como Rancho del Sol–, manteniendo a los pobladores de esa zona limítrofe entre Michoacán y Jalisco bajo constante amenaza, el cobro de piso y el secuestro de mujeres.

Galindo Ceballos narró entonces a Radio Fórmula que el enfrentamiento se dio en dos etapas: la primera incursión fue con 41 elementos policiales y ocho vehículos de los cuales cuatro eran blindados; éstos protagonizaron el primer enfrentamiento que duró una hora con 10 minutos. Luego llegaron refuerzos: 60 elementos y un helicóptero artillado.

El funcionario destacó que no esperaban la capacidad de fuego del grupo armado, quienes tenían armas de alto poder, así como una convicción de luchar, que no saben si era por dinero o por poder.

"Si no hubiera llegado el helicóptero, los números de bajas hubieran sido diferente", dijoGalindo. "Era muy temprano cuando nosotros llegamos y ellos estaban descontrolados, desorganizados, sin embargo sí disparan… Tuvimos la suerte de que no dispararan lanza granadas, estaban listos para disparar un lanza granadas que no utilizaron, pero no se midieron para disparar".

Sin embargo, las versiones de los familiares son muy distintas y el Estado no las ha rebatido, a pesar de las múltiples irregularidades con que las autoridades se manejaron después del supuesto enfrentamiento, pues las madres, padres y hermanos de las víctimas aseguran se trató de una ejecución.

El enfrentamiento fue oficialmente a las 8 de la mañana, mientras la mayoría de los certificados firmados por la doctora Verónica Sánchez Sosa, con cédula profesional 3149211, señalan que murieron a las 7 de la mañana del 22 de mayo por "hemorragia profusa" debido a la "penetración de proyectil de arma de fuego" en distintas partes del cuerpo. Ningún familiar de los fallecidos recibió los resultados de las necropsias que supuestamente les practicaron a todos por ley, dice la investigación de Martínez.

"Comenta [una de las pobladoras de Ocotlán] que algunos sobrevivientes de los hechos que lograron huir les han contado una versión muy distinta a la oficial: ‘Dicen que los agarraron dormidos, primero los atropellaron y ya después que los hincaron, que les dieron el tiro de gracia. Fíjese, ‘Drako’ [uno de los jóvenes muertos], estaba abajo de una palmera cuando lo entregaron, estaba todo quemado con el brazo casi desprendido, quemaron a seis arriba de una camioneta, dicen que les echaron ácido y otros dicen que con un lanzallamas’, dice al señalar que a ‘Drako’ lo reconocieron sólo por un tatuaje", expone el reportaje.

Y añade: "Fíjese el ‘Ticua’ apenas el viernes cumplió 20 años. Le sacaron su ojo casi salido y luego toda esta carne de aquí caída, su brazo todo así quebrado, sin dientes, todos sus dientes quebrados ¿Eso qué quiere decir? La tortura. No traía ni una bala, ni un solo balazo traía el muchacho. Lo mataron a pura tortura… a otros como que les dieron aquí y les volaron todo el pedazo de cara".

Son muchos los testimonios similares y son muchas las demandas para esclarecer este caso que, como muchos otros, el Estado no ha aclarado con suficiencia.

Es más, las familias afirman que ni la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que abrió un expediente y ha guardado celosamente los resultados, les ha dado las respuestas que demandan, ni mucho menos la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), que no hizo acto de presencia en el lugar de los hechos ni tampoco ha recibido a los familiares.

Tanhuato es, entonces, otro caso lleno de nebulosas para los mexicanos y, especialmente, para aquellos que perdieron a miembros de su familia y que argumentan murieron torturados, algunos desmembrados incluso, y sin saber usar armas. Murieron, dicen, por los excesos del Estado y porque se puede, porque así es la impunidad que reina en este país.

Muchas preguntas y pocas respuestas para un caso que, como muchos otros, muestra la situación de violencia pero también de opacidad que se vive en México, por la debilidad, la corrupción y la impunidad de las instituciones.