*Debe crearse Fiscalía Especial Autónoma y replantearse toda la Investigación Ayotzinapa: Iris Vianey Mendoza.

Ciudad de México.- La Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza del GPPRD; intervino este martes en la tribuna de la Cámara Alta para hablar sobre el informe del caso Iguala/Ayotzinapa presentado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (GIEI-CIDH).


El Informe sobre el Caso Iguala/Ayotzinapa sobre la desaparición forzada de
los estudiantes normalistas de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos y las
ejecuciones extrajudiciales de seis personas, ocurridos el 26 de septiembre
de 2014, presentado el día de antier por el Grupo Interdisciplinario de
Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(GIEI-CIDH) coloca en el centro del debate público, las fallas
estructurales del sistema de justicia penal en nuestro país, y
especialmente en las investigaciones ministeriales, periciales y policiales
sobre estos terribles acontecimientos.


Los familiares han exigido, desde enero pasado, que la investigación, no se
dé por concluida porque para ellos no era confiable el desarrollo de las
diligencias realizadas, particularmente, han cuestionado que se haya
detenido la búsqueda y localización de sus seres queridos.   Esto hace
mandatorio que se sigan desarrollando las acciones de búsqueda y
localización de los estudiantes desaparecidos hasta lograr la mayor certeza
jurídica y científica sobre el paradero de los jóvenes.


Las omisiones en las investigaciones ministeriales, periciales y policiales
que han sido develadas por el Informe del GIEI-CIDH exige, como se
recomienda por el mismo documento, el replanteamiento de la investigación
para realizar todas las diligencias sustantivas que fueron omitidas por la
autoridad investigadora en tiempo y forma, así como realizar todas aquellas
diligencias que se derivan de las nuevas líneas de investigación que fueron
planteadas por el equipo de expertos de la CIDH.


En razón de ello, acompaño la propuesta crear una Fiscalía Especial
investigadora con autonomía absoluta respecto de las autoridades que hasta
el momento han desarrollado las investigaciones.  Esta fiscalía deberá ser
encabezada por un o una jurista de reconocido prestigio e independencia al
que se le otorguen facultades de ministerio público de conformidad con lo
que establece la normatividad en la materia, especialmente la Ley Orgánica
de la PGR; se le deberá dotar de recursos financieros, materiales y humanos
suficientes, con plena libertad para elegir el equipo de personal
sustantivo (ministerial, pericial y policial) para el desarrollo de la
investigación.


El Informe señala que *el grupo de expertos de la CIDH "se ha formado la
convicción de que los 43 estudiantes no fueron incinerados en el basurero
municipal de Cocula" como en su momento fue señalado por la versión
oficial.  La contundencia de esta afirmación que descalifica lo que fue
llamado "verdad histórica" y, por otra parte, la existencia de otras
opiniones científico forenses de que han expresado discordancia con este
señalamiento, obliga a que la fiscalía autónoma que se propone, convoque a
un equipo forense de expertos internacionales que realice una diligencia
que permita hacer una recreación científica de los hechos ocurridos en el
basurero de Cocula para esclarecer la verdad con la mayor certeza que la
ciencia ofrezca. *


*Ésta ha sido la investigación más relevante que se ha desarrollado por el
actual gobierno federal en materia de derechos humanos, la más delicada por
la dolorosa realidad de los hogares y familias a las que les falta un ser
querido en casa porque se desconoce su paradero o porque fueron asesinados
por policías municipales en connivencia con un grupo delincuencial.
Circunstancia que ha sido una vergüenza para mi propio partido. *


*Ello hace que sea una asignatura pendiente para el gobierno federal y para
el Estado mexicano la construcción del derecho a la verdad, el acceso a la
justicia, las garantías de no repetición y la reparación integral.  Es
fundamental que el gobierno cumpla las 20 recomendaciones para la búsqueda
y localización, la investigación objetiva, imparcial e independiente para
llevar a todos los presuntos responsables ante la justicia y que en este
proceso, se logre su consignación por el delito de desaparición forzada de
personas y por ejecuciones extrajudiciales.

*Hay responsabilidades institucionales por las omisiones en la
investigación, en el esclarecimiento del paradero de los estudiantes
normalistas y en el cumplimiento de los derechos de las víctimas a una
atención digna y respetuosa señalados en la Ley General de Víctimas, por
ello, creemos necesario que el gobierno federal no sólo dé cabal
cumplimiento a las recomendaciones, sino que se inicie una investigación
que deslinde las responsabilidades y se sancione conforme a derecho a
quienes no cumplieron con los mandatos constitucionales en cuanto al debido
proceso y la debida diligencia. *


El Informe del GIEI-CIDH, como decíamos al principio, pone en el debate
nacional la existencia de un sistema de justicia penal incapaz de realizar
una investigación diligente, objetiva e imparcial; nos cuestiona sobre la
urgencia de avanzar hacia la implementación del nuevo sistema de justicia
acusatorio, oral y adversarial; de realizar una reforma estructural de los
servicios forenses y atender la exigencia de su autonomía e independencia;
de construir el marco normativo, conforme los más altos estándares
internacionales, para investigar la desaparición forzada y la desaparición
cometida por particulares, así como el protocolo que conduzca todo el
proceso desde la búsqueda y localización, diligencias ministeriales,
periciales y policiales y de atención y reparación a víctimas.


El Informe sobre el Caso Iguala-Ayotzinapa nos dice que en este país hay
impunidad sistémica, la ausencia de una verdadera prevención social de la
violencia y de la delincuencia, la carencia de una voluntad de construir
una política de Estado que reconozca la crisis humanitaria y de violencia
que vivimos y lo que no se reconoce no se combate ni se construye la acción
de Estado que se respeten los derechos humanos y la dignidad de la persona.