Morelia, Mich., Martes, 06 de Enero de 2026
Sección:PolíticaReprobó la CNPR cobro por supuesto certificado de sustentabilidad en Michoacán
Por: Redacción/Reportedigital.mx
Morelia, Mich., 8 de agosto de 2017.- El dirigente de los productores de la Confederación Nacional de Propietarios Rurales (CNPR), Eduardo Orihuela Estefan, denunció que el Gobierno de Michoacán pretende cobrar un impuesto de siete mil pesos por hectárea de cultivo mediante un certificado de sustentabilidad.
En este sentido, Orihuela Estefan remarcó que "sería un impuesto ilegal que afectaría severamente a los productores del campo", y advirtió que se interpondrán los mecanismos de control constitucional correspondientes.
El dirigente de la CNPR dijo que "el Gobierno del estado ha cometido acciones ilegales en contra de los productores michoacanos en los últimos meses, como la invasión de predios y destrucción de cultivos en supuestas actividades de inspección y vigilancia, facultades exclusivas de la Federación, conforme al artículo 12 fracción XXIII de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable".
Recordó que dicha ilegalidad fue reconocida por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en dos comunicados oficiales de los días 17 y 21 de mayo del 2017.
Más adelante, Eduardo Orihuela reprobó que "el Gobierno del estado haya impedido a los productores la comercialización del aguacate si se carece del certificado de sustentabilidad".
Empero, la administración estatal "carece de facultades para acceder al mercado nacional e internacional, ya que estas se encuentran reguladas en el artículo 25 de nuestra Constitución Federal y son reservadas exclusivamente a los poderes Ejecutivo Federal y Legislativo Federal", explicó.
E hizo notar que la Ley Orgánica de la Federación establece que es el Ejecutivo a través de la Secretaria de Economía y de la Secretaria de Hacienda, el único facultado de regular el ingreso del comercio interior y exterior.
Por último, Eduardo Orihuela remarcó que la CNPR condena que se lesione la imagen del productor rural y se criminalice una actividad tan importante para el estado y el país.
