Un juez ordena prisión contra exsecretario de finanzas de Michoacán

Morelia, Mich., 26 de octubre 2017.- Un juez penal ordenó auto de formal presión contra el exsecretario de Finanzas y Administración de Michoacán, Luis Miranda Contreras por el delito de peculado.

A siete días de la detención de Miranda Contreras, el juez consideró suficientes los elementos aportados para determinar su situación jurídica.

Mediante las redes sociales, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE)  ratificó que "nuestro compromiso de garantizar la aplicación de la ley; no habrá impunidad".

La semana  la PGJE informó que el exsecretario de Finanzas y Administración de Michoacán fue detenido por el presunto delito de peculado por 26 millones 680 mil pesos en agravio a Gobierno estatal.

Y en este mismo sentido, agregó que el exfuncionarios del gobierno priista de Fausto Vallejo Figueroa fue puesto a disposición de un juez penal.

Agentes de la Dirección de Investigación y Análisis adscritos a la Fiscalía de Asuntos Especiales dieron cumplimiento al mandato judicial instruido en contra Miranda Contreras, quien fungió como titular de la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) del Gobierno del Estado.

De acuerdo con elementos que integran la Averiguación Previa, en el periodo que comprende del 1 de marzo al 31 de agosto de 2012, Luis M. presuntamente efectuó pagos a dos proveedores por 26 millones 680 mil pesos; una vez que se llevaron a cabo las indagatorias, se detectó que no se cumplió con los servicios contratados.

Durante las investigaciones realizadas por la Fiscalía Especializada se estableció en el primero de los casos que el inculpado habría realizado un pago por 15 millones 80 mil pesos a un proveedor por concepto de servicio de asesoría contable y gestión administrativa y financiera.

Asimismo, se detectó la ejecución de otro pago por 11 millones 600 mil pesos a un segundo proveedor por el mismo concepto descrito anteriormente; sin embargo, en ambos casos se corroboró que no se recibieron los servicios para lo cual fueron contratados los proveedores y sí se realizaron los pagos en detrimento del Gobierno del estado.