Ley contra bloqueadores de señal no frena el crimen

Ciudad de México.- Muy cerca de donde el entonces secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch sufriera un atentado en la Ciudad de México, el 26 de junio de 2020, fue encontrado un inhibidor de señal que intentó bloquear los equipos de comunicación y así impedir que la escolta de seguridad pidiera refuerzos.

El aparato fue presuntamente usado por el cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Apenas habían pasado cuatro meses desde que el gobierno federal publicara un decreto que prohibía la utilización de bloqueadores o inhibidores de señal, conocida como la Ley ‘Antijammers’. Quedó claro, sin embargo, que no habría ley que pudiera frenar a los sicarios de sus estrategias criminales. Y el intento de homicidio contra el secretario de seguridad de la capital mexicana fue prueba de ello.

Un inhibidor de señal es un dispositivo que produce perturbaciones en una banda de frecuencia, cuya intención es bloquear o interferir los equipos electrónicos que quieran hacer uso efectivo del espectro radioeléctrico, como GPS. Estos dispositivos, reconoce el gobierno mexicano, también:

"Son empleados por grupos criminales para robar vehículos en carreteras y evitar los sistemas de detección por parte de empresas y autoridades de seguridad pública".

Quedó prohibida la fabricación, comercialización, adquisición, así como la instalación, portación, uso y operación de equipos que bloquearan, cancelaran o anularan las señales de telefonía celular, de radiocomunicación o de transmisión de datos o imagen.

Se sanciona con penas de 12 a 15 años de prisión a quien haga uso de los artefactos electrónicos.

Sin embargo, una investigación de MILENIO, con base en los expedientes del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), revela que a pesar de que en enero del 2020 entró en vigor el decreto a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que impone severas penas a quien use ilegalmente estos aparatos, la delincuencia hace uso descarado de ellos.