Congreso de Michoacán aprueba reforma en materia de deudores alimentarios

Morelia, Michoacán, a 08 de marzo de 2025.- Con 28 votos a favor, 12 ausencias, cero abstenciones y cero votos en contra, el Congreso de Michoacán aprobó una serie de reformas en materia de derechos alimentarios propuestas por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Los deudores no podrán ocupar cargos de servidores públicos en el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. 

También, queda prohibido que se les autorice tramitar licencias de conducir. 

En el marco del Día Internacional de la Mujer, los legisladores convocaron a una sesión ordinaria para abordar el paquete reformas como un único punto. 

Fue el pasado 25 de febrero cuando el gobernador Alfredo Ramírez presentó ante los legisladores la iniciativa que consideró 

modificaciones a 50 artículos de 13 leyes y dos códigos. 

Con el aval de la 76 Legislatura, queda prohibida la ocupación de cargos públicos a personas con antecedentes de violencia de género, procesos penales, deudas alimentarias morosas o sanciones administrativas.

En su momento, el mandatario estatal explicó que la reforma también prohibe, a quienes tengan adeudos en obligaciones alimentarias, tramitar o renovar concesiones de todo tipo, permisos o constancias de transporte, así como las licencias de conducir.

Otros de los puntos que establece es que jueces y magistrados estatales estarán obligados a dar a conocer las altas y bajas del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias; y que en caso de matrimonio se deberá informar a los contrayentes si alguno de ellos es deudor alimentario.

En caso de incumplimiento podrán hacerse acreedores de tres a cinco años de prisión y una multa de 100 a 400 Unidades de Medida y Actualización.

El gobernador expresó su beneplácito con estas modificaciones ya que dijo: "pone fin a deuda histórica con las mujeres michoacanas". 

Reconoció el trabajo de las diputadas y diputados locales para avanzar en esta iniciativa. 

"Más de 25 mil niñas, niños y adolescentes en el estado serán beneficiados al asegurarse el cumplimiento de sus derechos y se obligará a más de 10 mil deudores alimentarios a cumplir con sus responsabilidades", dijo. 

 Asimismo, las sanciones por incumplimiento se incrementarán de tres a cinco años de prisión y las multas se elevarán de 100 a 400 días de salario.